Monday, February 26, 2007
Sentence to think about
I heard a sentence by Martin Luther King Jr. that made reflect upon it: Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.
Sunday, February 25, 2007
Sudáfrica también se pasa al software libre
El gobierno de Sudáfrica acaba de anunciar que ha aprobado una estrategia de migración a software libre.
"En lo sucesivo todo el software desarrollado por o para el gobierno estará basado en estándares abiertos y el propio gobierno migrará su software actual a FOSS (Free Open Source Software)", afirma el gobierno sudafricano en un comunicado...
El portavoz del gobierno Themba Maseko manifestó a los periodistas que el gobierno utilizará el sistema operativo open source Linux a fin de disminuir los costes de la administración y mejorar las capacidades locales en Tecnologías de la Información.
"Todas las grandes empresas de Tecnologías de Información del país han apoyado la iniciativa y realizado contribuciones al desarrollo de FOSS. Los departamentos gubernamentales incorporarán FOSS en su planificación a partir de ahora".
"En lo sucesivo todo el software desarrollado por o para el gobierno estará basado en estándares abiertos y el propio gobierno migrará su software actual a FOSS (Free Open Source Software)", afirma el gobierno sudafricano en un comunicado...
El portavoz del gobierno Themba Maseko manifestó a los periodistas que el gobierno utilizará el sistema operativo open source Linux a fin de disminuir los costes de la administración y mejorar las capacidades locales en Tecnologías de la Información.
"Todas las grandes empresas de Tecnologías de Información del país han apoyado la iniciativa y realizado contribuciones al desarrollo de FOSS. Los departamentos gubernamentales incorporarán FOSS en su planificación a partir de ahora".
Friday, February 23, 2007
La SGAE reclama al sector tecnológico un canon de 1 200 millones
Las cartas sobre la cuantía del denominado canon digital ya están encima de la mesa. La industria tecnológica y las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual –entre ellas, la Sociedad General de Autores (SGAE)– no han logrado alcanzar un acuerdo para determinar las tasas que se aplicarán en concepto de canon por copia privada sobre los productos “idóneos” –tal y como establece la nueva Ley de Propiedad Intelectual (LPI)– para el almacenamiento y reproducción de obras protegidas por derechos de autor.
Las importantes diferencias que mantienen ambos sectores hicieron imposible el pacto. Ahora, serán los ministerios de Industria y Cultura los encargados de fijar las tasas y productos digitales sujetos a este gravamen. Según el contenido de la negociación, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, las entidades de gestión solicitaron a las empresas tecnológicas 1.200 millones de euros anuales para compensar el daño que provocan a los titulares de derechos del ámbito audiovisual –música y películas– las copias privadas de obras originales que realizan los consumidores. Esta cifra multiplicaría casi por quince la cantidad recaudada en España el pasado año –cerca de ochenta millones de euros– en concepto de canon en CD y DVD.
Por contra, las compañías tecnológicas calcularon que la duplicación de contenidos protegidos por parte de los particulares –como la copia de un disco para usar en el coche, entre otras– causaría un daño económico potencial a los autores no superior a los once millones de euros al año. Las discrepancias se volvieron a repetir en el momento de intentar determinar la tarifa que se debe aplicar a cada equipo, material o soporte susceptible de grabar o reproducir contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual.
Ambas partes lograron, sin embargo, un principio de acuerdo sobre el canon digital de los MP3 (1,17 euros por equipo más un suplemento en función de la memoria). Pero la fijación de esta cantidad inicial quedó en suspenso, puesto que surgieron discrepancias irreconciliables sobre la fecha para aplicar la nueva tarifa. La industria propuso que su entrada en vigor coincidiera con la fecha de publicación de la Orden Ministerial conjunta sobre esta materia, prevista para el próximo mes de abril. Mientras, las entidades de gestión solicitaron el cobro de esta cuantía desde la entrada en vigor de la nueva LPI –22 de junio de 2006–.
Además, los autores también reclamaron ser compensados por los MP3 vendidos antes de la aprobación de la citada reforma legislativa.
La industria rechazó esta reivindicación, de modo que, en caso de que las entidades de gestión no renunciaran a ella, las empresas propondrían al Gobierno una rebaja –0,60 euros más el correspondiente suplemento en función de la memoria– del canon inicialmente acordado en estos dispositivos.
Ambas partes también alcanzaron un principio de acuerdo en la tasa correspondiente a las memorias fotográficas y con conexión USB (pen drive) –0,33 euros por los equipos superiores a 10 gigabytes (GB)–, al igual que en el caso de la consola grabadora de CD-R formato audio y minidisc portátil –1,17 euros por aparato–. El acuerdo no se alcanzó en el resto de productos, donde las diferencias fueron muy significativas.
Las empresas solicitaron que los teléfonos móviles y PDA’s con función MP3 quedaran exentos del pago, mientras que las entidades reclamaron una tarifa base de 1,17 euros por producto. La lejanía en el canon propuesto para las grabadoras y reproductores de CD y DVD, tanto en ordenadores como de salón, también fueron manifiestas, así como en el caso de los discos duros para PC externos –la industria solicitó su exención– y multimedia –destinados a almacenar y reproducir contenidos–. Las entidades de gestión aceptaron, sin embargo, revisar a la baja la tarifa que se aplicaba en la actualidad a los soportes digitales: CD-R –0,16 euros– y DVD-R –0,60 euros–.
Mientras, la negociación sobre las televisiones y decodificadores de Televisión Digital Terrestre (TDT) con disco duro quedó pospuesta hasta que el mercado superara las cien mil unidades de venta. Las actas completas de la negociación ya obran en poder de Industria y Cultura, que, en algo más de un mes, tendrán que dilucidar la cuantía y el listado de productos sujetos al canon digital por el que se compensa a los autores.
Las importantes diferencias que mantienen ambos sectores hicieron imposible el pacto. Ahora, serán los ministerios de Industria y Cultura los encargados de fijar las tasas y productos digitales sujetos a este gravamen. Según el contenido de la negociación, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, las entidades de gestión solicitaron a las empresas tecnológicas 1.200 millones de euros anuales para compensar el daño que provocan a los titulares de derechos del ámbito audiovisual –música y películas– las copias privadas de obras originales que realizan los consumidores. Esta cifra multiplicaría casi por quince la cantidad recaudada en España el pasado año –cerca de ochenta millones de euros– en concepto de canon en CD y DVD.
Por contra, las compañías tecnológicas calcularon que la duplicación de contenidos protegidos por parte de los particulares –como la copia de un disco para usar en el coche, entre otras– causaría un daño económico potencial a los autores no superior a los once millones de euros al año. Las discrepancias se volvieron a repetir en el momento de intentar determinar la tarifa que se debe aplicar a cada equipo, material o soporte susceptible de grabar o reproducir contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual.
Ambas partes lograron, sin embargo, un principio de acuerdo sobre el canon digital de los MP3 (1,17 euros por equipo más un suplemento en función de la memoria). Pero la fijación de esta cantidad inicial quedó en suspenso, puesto que surgieron discrepancias irreconciliables sobre la fecha para aplicar la nueva tarifa. La industria propuso que su entrada en vigor coincidiera con la fecha de publicación de la Orden Ministerial conjunta sobre esta materia, prevista para el próximo mes de abril. Mientras, las entidades de gestión solicitaron el cobro de esta cuantía desde la entrada en vigor de la nueva LPI –22 de junio de 2006–.
Además, los autores también reclamaron ser compensados por los MP3 vendidos antes de la aprobación de la citada reforma legislativa.
La industria rechazó esta reivindicación, de modo que, en caso de que las entidades de gestión no renunciaran a ella, las empresas propondrían al Gobierno una rebaja –0,60 euros más el correspondiente suplemento en función de la memoria– del canon inicialmente acordado en estos dispositivos.
Ambas partes también alcanzaron un principio de acuerdo en la tasa correspondiente a las memorias fotográficas y con conexión USB (pen drive) –0,33 euros por los equipos superiores a 10 gigabytes (GB)–, al igual que en el caso de la consola grabadora de CD-R formato audio y minidisc portátil –1,17 euros por aparato–. El acuerdo no se alcanzó en el resto de productos, donde las diferencias fueron muy significativas.
Las empresas solicitaron que los teléfonos móviles y PDA’s con función MP3 quedaran exentos del pago, mientras que las entidades reclamaron una tarifa base de 1,17 euros por producto. La lejanía en el canon propuesto para las grabadoras y reproductores de CD y DVD, tanto en ordenadores como de salón, también fueron manifiestas, así como en el caso de los discos duros para PC externos –la industria solicitó su exención– y multimedia –destinados a almacenar y reproducir contenidos–. Las entidades de gestión aceptaron, sin embargo, revisar a la baja la tarifa que se aplicaba en la actualidad a los soportes digitales: CD-R –0,16 euros– y DVD-R –0,60 euros–.
Mientras, la negociación sobre las televisiones y decodificadores de Televisión Digital Terrestre (TDT) con disco duro quedó pospuesta hasta que el mercado superara las cien mil unidades de venta. Las actas completas de la negociación ya obran en poder de Industria y Cultura, que, en algo más de un mes, tendrán que dilucidar la cuantía y el listado de productos sujetos al canon digital por el que se compensa a los autores.
La SGAE, de nuevo a por las ADSL
La Sociedad General de Autores y Editores vuelve a la carga. El encargado de hacerlo esta vez ha sido el director de sus servicios jurídicos, Pablo Hernández. Aunque con mejores formas que las habituales en otros Teddy Bautista Boys, el fondo del mensaje lanzado por Hernández es el mismo que tiene el del propio Bautista o Pedro Farré. Como ya han hecho otros antes que él, este directivo de la SGAE pretende dar un carácter criminal a lo que no lo tiene. Asegura que las descargas de películas en redes de pares son "piratería". Tal vez no conoce la circular del 5 de mayo de 2006 de la Fiscalía General del Estado en la que esta institución aclara que el intercambio de archivos sin "ánimo de lucro comercial" no es delito.
O tal vez puede que nuestro amigo esté hablando de "piratería" tan sólo en un sentido ético. Esto tendría gracia. La entidad para la que trabaja no sólo se lucra apropiándose de forma ilegítima, por muy legal que sea, del dinero de otros vía cánones; además es socio comercial de uno de los regímenes más represivos que existen en la actualidad, el de Fidel Castro. La SGAE haría mejor estando calladita en cuanto a derechos, pues su complicidad con un sistema que no respeta algunos tan importantes como el de expresión es más que evidente (y no sólo por ese acuerdo comercial, ya en 2002 el propio Teddy fue condecorado por el dictador "por su solidaridad permanente con nuestro pueblo y con la obra de la Revolución Cubana").
Pero no, aquí no se trata de aplicar leyes ni de cuestiones morales o éticas. Se trata de chupar del bote. El propio Hernández reconoce que "perseguir a los particulares que se bajan películas en sus hogares es imposible", por lo que descarta imitar a la RIIA. Claro que la imposibilidad, y eso es lo que se calla, reside en que ya ha habido al menos una sentencia absolutoria de un usuario denunciado por entidades de gestión de derechos de autor por descargar música a través de sistemas de intercambio de archivos. Claro que si lo reconoce, toda la argumentación de este Teddy Bautista Boy queda desmontada. ¿Qué le que queda entonces a la SGAE? Volver a la carga con una de sus viejas aspiraciones: imponer el canon a las ADSL y otras conexiones a la Red.
No lo dice con estas palabras, pero es lo que quiere decir su petición de que sean las operadoras de telecomunicaciones quienes asuman el pago por los derechos de autor de los contenidos que explotan a través de la banda ancha. No nos engañemos, si se les impusiera pagar por eso, dicho coste adicional se vería trasladado, como ocurre con los CD y DVD, al precio final que pagan los usuarios. Y como no han logrado colarlo en la Ley de Propiedad Intelectual, ya han encontrado la norma por medio de la cual imponerla: la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (para la reforma de la LSSI). Una norma, por cierto, para la que la SGAE y compañía ya tienen otros grandes y liberticidas proyectos.
O tal vez puede que nuestro amigo esté hablando de "piratería" tan sólo en un sentido ético. Esto tendría gracia. La entidad para la que trabaja no sólo se lucra apropiándose de forma ilegítima, por muy legal que sea, del dinero de otros vía cánones; además es socio comercial de uno de los regímenes más represivos que existen en la actualidad, el de Fidel Castro. La SGAE haría mejor estando calladita en cuanto a derechos, pues su complicidad con un sistema que no respeta algunos tan importantes como el de expresión es más que evidente (y no sólo por ese acuerdo comercial, ya en 2002 el propio Teddy fue condecorado por el dictador "por su solidaridad permanente con nuestro pueblo y con la obra de la Revolución Cubana").
Pero no, aquí no se trata de aplicar leyes ni de cuestiones morales o éticas. Se trata de chupar del bote. El propio Hernández reconoce que "perseguir a los particulares que se bajan películas en sus hogares es imposible", por lo que descarta imitar a la RIIA. Claro que la imposibilidad, y eso es lo que se calla, reside en que ya ha habido al menos una sentencia absolutoria de un usuario denunciado por entidades de gestión de derechos de autor por descargar música a través de sistemas de intercambio de archivos. Claro que si lo reconoce, toda la argumentación de este Teddy Bautista Boy queda desmontada. ¿Qué le que queda entonces a la SGAE? Volver a la carga con una de sus viejas aspiraciones: imponer el canon a las ADSL y otras conexiones a la Red.
No lo dice con estas palabras, pero es lo que quiere decir su petición de que sean las operadoras de telecomunicaciones quienes asuman el pago por los derechos de autor de los contenidos que explotan a través de la banda ancha. No nos engañemos, si se les impusiera pagar por eso, dicho coste adicional se vería trasladado, como ocurre con los CD y DVD, al precio final que pagan los usuarios. Y como no han logrado colarlo en la Ley de Propiedad Intelectual, ya han encontrado la norma por medio de la cual imponerla: la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (para la reforma de la LSSI). Una norma, por cierto, para la que la SGAE y compañía ya tienen otros grandes y liberticidas proyectos.
Tuesday, February 20, 2007
Sunday, February 18, 2007
SGAE, La Industria del Expolio
Muchos críticos del capitalismo consideran que la riqueza sólo puede acumularse por medio del robo y que, por tanto, los dueños de grandes empresas como Bill Gates no pueden sino ser ladrones, y el sistema que los cobija un mero cómplice. En cierto modo, no les faltan razones, pues ése ha sido el modo en que históricamente se han hecho las grandes fortunas. Los conquistadores repartían las tierras ganadas en la batalla entre los nobles que lo habían ayudado; en otras sociedades más organizadas los impuestos hacían el mismo papel. El modo de hacerse rico era ser el más fuerte o estar cerca de él. La riqueza era prácticamente un juego de suma cero: lo que ganaba uno generalmente se lo quitaba al otro.
Sin embargo, hace pocos siglos, la burguesía –la clase media– empezó a hacerse rica por un método muy distinto: la manufactura y el comercio. Su modo de hacer fortuna consistía en servir las necesidades de los demás. La economía ya no era un juego de suma cero, no sólo los ricos sino las personas comunes tenían cada vez más bienes, algo que se aceleró con la revolución industrial a un ritmo que jamás se había visto en nuestra historia. No obstante, en la mentalidad de muchos y en la realidad de demasiadas partes del mundo hoy en día, la riqueza sigue siendo un robo.
En nuestras sociedades modernas, aquellas en las que el crecimiento es casi continuo y somos todos cada vez más prósperos, las sociedades de autores han logrado continuar con la vieja tradición de prosperar a base de estar cerca del más fuerte, el Estado. Actualmente nos hacen pagar una multa por cada soporte digital que compremos. Imponen a pequeñas tiendas unos gravámenes no acordados en ninguna ley sino en un trato con los distribuidores que esas tiendas jamás firmaron. Exigen a los organizadores de actos benéficos que les paguen el derecho a tararear sus melodías. Y han conseguido que todo el arco parlamentario les vote una ley que les permita extender legalmente ese impuesto a muchos más soportes. Los fabricantes han lanzado la voz de alarma: si se impone el canon que quiere cobrar la SGAE, los reproductores de MP3 podrían llegar a costar un 200% más de lo que cuestan ahora.
Pero ni aún así sacian su ansia de riquezas inmerecidas, fruto del expolio legal y no del servicio a las necesidades de los demás. La táctica de la SGAE es bien clásica: pedir siempre más y más de modo que los que se oponen al canon estén siempre a la defensiva, procurando que no se expanda aún más. Llevar la guerra a territorio del enemigo. De ahí que, una vez aprobada y publicada en el BOE la ley que les permite cobrar más y en más soportes, se lancen ahora a pedir que en otra ley completamente distinta, la sucesora de la LSSI, obligue a los proveedores de acceso a Internet a pagarles por los derechos de autor de las obras que circulan por sus redes. Es decir, piden encarecernos a todos el acceso a Internet para lucrarse aún más a nuestra costa.
Realmente, no merece la pena discutir una vez más sobre el fondo de este asunto: la presunción de inocencia es un derecho básico de toda democracia y, especialmente, de todo Estado de Derecho. Cobrar una indemnización preventiva por un supuesto delito no probado no es un derecho, es un expolio. Por ello, el camino a seguir no es extender el canon sino abolirlo. La SGAE y sus complementos no tienen derecho a cobrarnos el derecho de pernada. La vieja aristocracia guerrera hace tiempo que dejó de robar tierras por medio de la conquista. Es hora de que los demás sigan su ejemplo.
Sin embargo, hace pocos siglos, la burguesía –la clase media– empezó a hacerse rica por un método muy distinto: la manufactura y el comercio. Su modo de hacer fortuna consistía en servir las necesidades de los demás. La economía ya no era un juego de suma cero, no sólo los ricos sino las personas comunes tenían cada vez más bienes, algo que se aceleró con la revolución industrial a un ritmo que jamás se había visto en nuestra historia. No obstante, en la mentalidad de muchos y en la realidad de demasiadas partes del mundo hoy en día, la riqueza sigue siendo un robo.
En nuestras sociedades modernas, aquellas en las que el crecimiento es casi continuo y somos todos cada vez más prósperos, las sociedades de autores han logrado continuar con la vieja tradición de prosperar a base de estar cerca del más fuerte, el Estado. Actualmente nos hacen pagar una multa por cada soporte digital que compremos. Imponen a pequeñas tiendas unos gravámenes no acordados en ninguna ley sino en un trato con los distribuidores que esas tiendas jamás firmaron. Exigen a los organizadores de actos benéficos que les paguen el derecho a tararear sus melodías. Y han conseguido que todo el arco parlamentario les vote una ley que les permita extender legalmente ese impuesto a muchos más soportes. Los fabricantes han lanzado la voz de alarma: si se impone el canon que quiere cobrar la SGAE, los reproductores de MP3 podrían llegar a costar un 200% más de lo que cuestan ahora.
Pero ni aún así sacian su ansia de riquezas inmerecidas, fruto del expolio legal y no del servicio a las necesidades de los demás. La táctica de la SGAE es bien clásica: pedir siempre más y más de modo que los que se oponen al canon estén siempre a la defensiva, procurando que no se expanda aún más. Llevar la guerra a territorio del enemigo. De ahí que, una vez aprobada y publicada en el BOE la ley que les permite cobrar más y en más soportes, se lancen ahora a pedir que en otra ley completamente distinta, la sucesora de la LSSI, obligue a los proveedores de acceso a Internet a pagarles por los derechos de autor de las obras que circulan por sus redes. Es decir, piden encarecernos a todos el acceso a Internet para lucrarse aún más a nuestra costa.
Realmente, no merece la pena discutir una vez más sobre el fondo de este asunto: la presunción de inocencia es un derecho básico de toda democracia y, especialmente, de todo Estado de Derecho. Cobrar una indemnización preventiva por un supuesto delito no probado no es un derecho, es un expolio. Por ello, el camino a seguir no es extender el canon sino abolirlo. La SGAE y sus complementos no tienen derecho a cobrarnos el derecho de pernada. La vieja aristocracia guerrera hace tiempo que dejó de robar tierras por medio de la conquista. Es hora de que los demás sigan su ejemplo.
Cuba Tries to Shake Off Microsoft's Chains
Richard Stallman, President and Founder of the Free Software Foundation, speaks during the International Conference on Communication and Technologies in Havana on Wednesday.
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HAVANA -- Cuba's communist government is trying to shake off the yoke of at least one capitalist empire -- Microsoft Corp. -- by joining with socialist Venezuela in converting its computers to open-source software.
Both governments say they are trying to wean state agencies from Microsoft's proprietary Windows to the open-source Linux operating system, which is developed by a global community of programmers who freely share their code.
"It's basically a problem of technological sovereignty, a problem of ideology," said Hector Rodriguez, who oversees a Cuban university department of 1,000 students developing open-source programs.
Cuban officials, ever focused on U.S. threats, also see it as a matter of national security. Communications Minister Ramiro Valdés, an old comrade of President Fidel Castro, raised suspicions about Microsoft's cooperation with U.S. military and intelligence agencies as he opened a technology conference this week.
He called the World's information systems a "battlefield" where Cuba is fighting against imperialism.
Microsoft did not return calls seeking comment. Cuba imports computers preloaded with Windows and also buys software in countries such as China, Mexico or Panama.
The conference's biggest splash was made by paunchy, wild-haired Richard Stallman, whose Free Software Foundation created the license in many open-source programs, Linux included.
Middle-aged bureaucrats and ponytailed young Cuban programmers clapped as the Massachusetts Institute of Technology computer scientist insisted that copyright laws violate basic morality, like laws that would threaten people with jail for sharing or modifying kitchen recipes.
Stallman also warned that proprietary software is a security threat because without examining the code, users can't know what "backdoor" holes might be left open for future entry.
Cuba also has trouble keeping proprietary software current. Its sluggish satellite link to the Outside World makes downloads of updates agonizingly slow. Cubans put software updates on a server on the island to fix the problem, but many computers stay unpatched and vulnerable.
Cuba's Cabinet also urges a shift from proprietary software. The customs service has gone to Linux and the ministries of culture, higher education and communications are planning to do so, Rodríguez said.
And students in his own department are cooking up a Linux version called Nova. The Higher Education Ministry is making its own.
Cuba is training tens of thousands of software and hardware engineers across the country; few have home computers. Most Cubans depend on government Internet cafes or schools.
Rodríguez shied away from saying how long converting Cuba to Linux would take: "It would be tough for me to say that we would migrate half the public administration in three years."
Friday, February 02, 2007
Problemas con Telefónica
Este mes me he llevado una desagradable sorpresa al recibir la factura del ADSL. Telefónica me ha cobrado 4.5 euros, más 0.72 correspondientes al 16% de IVA -o sea, 5.22 euros en total- por un servicio de Antivirus + Firewall Residencial que nunca pedí. Ya es la segunda vez que el ex monopolio me cobra por un servicio no requerido. Llamé al 1004, y la chica que estaba al teléfono me dijo que lo primero que tenía que hacer era darme de baja del servicio: era un paso indispensable si quería recuperar mi dinero y -de paso- que la compañía no me volviera a cobrar otros 5.22 euros mensuales en próximas facturas. Así que ahí estaba yo, pidiendo por teléfono la baja en un servicio del que nunca me di de alta: la operadora me comentó amablemente que se me notificaría dicha baja vía email, que -eso sí- iba a tardar algunos días... al final, concluyó declarando que si el día 12 de este mes no había recibido ningún mail de confirmación, volviera a llamar: como podeis imaginar, se me cayó el alma al suelo al conocer la posibilidad de que esa llamada fuera en vano y tuviera que volver a repetir la operación en unos días, pero bueno, son cosas que pasan en este país llamado España... Finalmente, la operadora me comentó que -si todo iba bien y recibía la notificación de la baja- tendría que realizar una nueva llamada, esta vez para gestionar una reclamación por los 5.22 euros que me cobraron de más.
Podría deciros que estoy enfadado, molesto, incluso indignado... pero qué quereis que os diga, simplemente con que me llegue la baja en los próximos días, no me pongan problemas a la hora de efectuar la reclamación y -lo más importante- no me vuelvan a cobrar por un servicio que nunca contraté, feliz de la vida, daría por bueno el tiempo empleado en las reclamaciones. Espero al menos que esto nunca os pase a vosotros, pagando sólo por aquello que decidais adquirir.
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